
Nueve alcaldes de distritos limeños son amenazados de muerte por extorsionadores
A pesar de las amenazas, Rubén Cano y otros alcaldes han reafirmado su determinación de combatir el crimen organizado en sus distritos.
Alcaldes de nueve distritos en Lima enfrentan amenazas y ataques en represalia por sus esfuerzos contra la delincuencia, la informalidad y otras mafias. El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, recibió una amenaza de muerte acompañada por una granada, mientras que otros burgomaestres denuncian situaciones similares.
Los operativos contra la informalidad, delincuencia, proxenetismo y lotizaciones de la vía pública han colocado a los alcaldes y sus trabajadores en el punto de mira de criminales. A pesar de las amenazas, Rubén Cano y otros alcaldes han reafirmado su determinación de combatir el crimen organizado en sus distritos.
Los alcaldes de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, los primeros distritos en entrar en estado de emergencia, han denunciado intimidaciones a lo largo del año. El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, recibió amenazas incluso mediante reglajes que le enviaban ubicaciones cuando recibía mensajes intimidantes.
En Chorrillos, el alcalde Fernando Velasco recibió un video donde se quemaba una fotografía de su familia junto a cartuchos de bala y una pistola. Preocupado por su seguridad, Velasco utiliza un chaleco antibalas al salir a las calles de su jurisdicción.
En La Molina, el alcalde Diego Uceda enfrenta amenazas de traficantes de terrenos que operan en su distrito y han invadido zonas ecológicas. En el Rímac, el alcalde Néstor De La Rosa denunció amenazas a él y a otros funcionarios de la comuna tras incrementar operativos de fiscalización.
En Santa Anita, el teniente alcalde John Javier Valverde Ramírez fue asesinado a balazos en abril por delincuentes a bordo de una moto lineal. En Comas, el regidor Yenson Cornejo recibió amenazas y extorsión, narrando que las intimidaciones iniciaron cuando delincuentes le exigían pagos semanales a cambio de «protección».
La lucha contra el crimen organizado se torna peligrosa para los alcaldes, quienes piden apoyo al Ejecutivo y refuerzo en medidas de seguridad para poder cumplir con sus funciones sin poner en riesgo sus vidas y las de sus familias.