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Lunes 26 de Septiembre de 2022

¿El día de los desaparecidos?

Otra grosera manipulación de la historia en manos de este gobierno.

Por: Miguel Pérez Arroyo
Profesor de posgrado de la UNMSM
Abogado y Presidente del INPECCP/CENALES

Hace un par de días el Ejecutivo presentó al Congreso de la República, el Proyecto de Ley 2904/2022-PE, para que se declare el 30 de agosto como el “Día de las Personas Desaparecidas durante el Periodo de Violencia 1980-2000”, el mismo que lleva la firma del aún mandatario Pedro Castillo y el jefe de Gabinete Ministerial, Aníbal Torres.

Varios puntos a considerar en dicho proyecto. Primero, el hecho de su no adhesión a las festividades que en esa fecha ya se celebra desde hace muchos años en el Perú y que son relativos a la Policía Nacional del Perú (PNP), las enfermeras y, desde luego, a Santa Rosa de Lima, patrona de América y Filipinas.

Y es que de un tiempo a esta parte el jefe de Estado, parece enfrentarse permanentemente con el propio Estado. Es notoria sus diversos enfrentamientos con el Congreso, que intenta por vacarlo de la presidencia por su incapacidad y poca claridad para gobernar, además de las imputaciones sobre corrupción que pesa contra él y su entorno más íntimo.

Se ha enfrentado constantemente con el Ministerio Público y el Poder Judicial, a cuya adhesión sus acólitos han venido en llamar como una “dictadura fiscal-judicial”, en tanto que han resuelto -inéditamente-, instar y permitir investigaciones contra él, en pleno ejercicio de sus funciones; y, también, con cuanto sector que haya osado en no respaldar sus acciones de aparente encubrimiento y distorsión de la justicia, como ocurrió con la expectoración de Mariano González del Ministerio del Interior.

Y, últimamente con Harvey Colchado, el coronel PNP que más orgullo da a su Institución, conjuntamente con el legendario Coronel Walter Lozano. Ambos policías, ambos miembros de alto rango.

No nos equivoquemos, el proyecto no dice que se “adhiere”, que “sin perjuicio de las fechas reconocidas”, se adiciona el de su propósito “el día de las personas desaparecidas…”. Directamente sostiene que “se declare el 30 de agosto como el día de las personas desaparecidas…”, con lo que podemos entender que el mandatario y su séquito de funcionarios reniegan de las festividades propias de esa fecha y quieren anteponer una, mirando de costado a las demás o simplemente ignorándolas.

Total, como es sabido, Santa Rosa de Lima es patrona de la Policía Nacional, y antes lo fue de la desaparecida benemérita Guardia Civil. Y lo que es peor, es el día de la propia PNP, la misma que le sigue los pasos, a él, su familia y amigos; en manos de un equipo especial dirigido por Marita Barreto y Harvey Colchado. Una como Fiscal y otro como el jefe operativo policial del grupo de apoyo al Ministerio Público.

Segundo, por lo simbólico que representa el reconocer un día para las personas desaparecidas, que ciertamente hay muchas, producto de la violencia terrorista y genocida que inició en el Perú Sendero Luminoso en los ochenta y parte de los noventa. Pero que este proyecto convenientemente, ideológicamente, le baja la temperatura para decir que fue un “periodo de violencia”.

Una violencia que tiene apellido y autores directos: fue terrorista y a causa de la insania delincuencial de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El Estado se defendió, cometió excesos y por estos delitos están pagando algunos miembros del Ejército. Que el Estado fue reactivo y defensivo, no hay duda de ello.

Y lo que es peor, aun cuando se reconoce que hubieron desaparecidos reales, también los hay en falsedad. Los llamados falsos positivos que bien se han puesto de manifiesto en muchos casos judiciales en donde los defensores de las ONG´s han pretendido inflamar el fuego de la reacción judicial contra los militares, hablando de cientos de desaparecidos cuando en realidad muchos de ellos no lo eran, lo que podía concluir en un supuesto de “falsas víctimas”.

Hecho puesto de manifiesto, por ejemplo, en el reciente juicio oral que se viene realizando contra Víctor La Vera Hernández, en donde la propia Fiscalía de la época -llamada a declarar como testigo-, reconoció que los grupos de apoyo mediático y jurídico de Sendero, los llamados “comités de apoyo”, utilizaban la denuncia de “desaparecidos”, para bajar la moral del Ejército y llevarlos a proceso.

Un proyecto que pareciera escrito desde los extremos irracionales de la política, que poco a poco vino apoderándose de las altas esferas del Estado, del aún presidente de la República y su Gobierno que parece buscar destruirlo. Por todo esto, es que el Congreso, en aras de una coherencia histórica, de dignidad y de defensa de la democracia, debe rechazarlo. Salvo mejor parecer.