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Sábado 18 de Septiembre de 2021

Buscando al aparecido

Aparato ideológico repite, 30 años después, la estrategia de ‘desaparecer’ personas para jaquear al Estado de Derecho

Por: InfoNews.pe

La teoría internacional señala que tener un familiar desaparecido es, a través de la angustia, mantener un duelo que nunca termina. Por eso es que las penas, en estos casos, son cada vez más severas. Lamentablemente, aprovechando esta dramática circunstancia se ha establecido un aparato ideológico que utiliza e inventa casos para agitar a la opinión pública y dirigir su indignación contra las instituciones tutelares y los civiles y militares que las representan. El Perú no podía ser la excepción.

Esta estrategia cobró singular fuerza durante los terribles años de la demencia terrorista como parte del enfrentamiento contra los representantes del estado. Ni siquiera la Comisión de la Verdad y la Reconciliación -CVR- estuvo ajena a esta faena al no poder señalar como indicador científico el número de personas supuestamente desaparecidas. En aquel entonces se creó una Lista Provisional de Personas Desaparecidas a iniciativa de la CVR, la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja cuyo periodo comprendió desde 1980 hasta noviembre del 2002.

Hoy, más de tres décadas después, las marchas de noviembre de 2020 contra la designación del presidente del Congreso Manuel Merino de Lama como presidente de la república por la vacancia de Martín Vizcarra Cornejo fueron el pretexto y el espacio oportunos para desacreditar a las fuerzas del orden y las instituciones democráticas que soportan la democracia y el Estado de Derecho. La anarquía tomó las calles y los azuzadores de este esquema ideológico utilizaron a sus operadores, algunos por ignorancia, otros por convicción.

Las marchas tomaron fuerza el viernes 13 y el sábado 14, aquella noche falleció Jack Pintado Sánchez y horas después Jordan Sotelo Camargo víctimas, supuestamente, de la represión policial que aún se investiga. Aquella mañana de domingo, Mar Pérez, responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos afirmó a los medios de comunicación que “tiene una relación de 41 personas que participaron en las protestas y que aún no se comunican con sus familiares, por lo que se encuentran en calidad de desaparecidos”.

La abogada Mar Pérez lleva años formando parte de este tinglado de personas de extrema izquierda que no dudan en hacer apología de la violencia en cuanto medio de comunicación preste la oportunidad. En julio de 2014 aprovechó su blog para expresar su posición titulada: Los sueños del pueblo. “Anoche en medio de tanta pendejada, ayacuchanos viejos, ayacuchanos jóvenes y ayacuchanos de otros lugares nos juntamos en la Casona de San Marcos…”, recordaban la famosa canción Flor de Retama que cuenta la represión de un levantamiento en dicho departamento en 1969 y que se volvió un himno senderista durante los años del terrorismo sanguinario. Pérez remata aquel escrito: “No puedo soportar que los asesinos de ayer nos gobiernen hoy. No puedo soportar la desmemoria y la indiferencia. ¡Carajo!”.

La Organización No Gubernamental denominada Coordinadora Nacional de Derechos Humanos pidió, públicamente, que se permita el ingreso de los abogados a las instalaciones de los cuarteles El Potao, Barbadillo y de la Dinoes para corroborar “la situación de los detenidos”. La Policía informó que seis personas fueron apresadas, “se sospecha que la cifra sea mayor pues la movilización fue multitudinaria”, retrucó Mar Pérez.

Sin embargo, en el transcurso del día se informó que varias de las personas supuestamente desaparecidas retornaban a sus hogares y fueron ubicadas. En la noche de aquel domingo nueve personas continuaban sin dar señales de su paradero.

Mientras tanto, los operadores de la estrategia siguieron con su tarea. El congresista del Partido Morado, Alberto de Belaunde, declaró por la mañana a los medios de comunicación que estaba con la atención centrada en la vulneración de derechos humanos porque “son aproximadamente entre 31 y 45 personas desaparecidas”. “La responsabilidad directa está en Palacio de Gobierno”, advirtió.

Al día siguiente, se rectificó y tuiteó:

El Colegio de Abogados de Lima, al que denominan “Ilustre”, emitió un comunicado engañoso y apresurado: “El Colegio de Abogados de Lima denuncia que los familiares de los jóvenes desaparecidos -aproximadamente 65 personas entre hombres y mujeres- (sic) no cuentan con la asistencia debida para informarse sobre el paradero de sus seres queridos”. La Decana del CAL era María Elena Portocarrero Zamora. La patraña del comunicado afirma que hay 65 desaparecidos.

 

El operativo escaló hasta las escalas oficiales: la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Patricia Teullet, publicó un temerario comunicado titulado: Pronunciamiento ante las personas desaparecidas señala en su tercer punto: “Se debe acentuar el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, así como las alertas de emergencia en todos los casos, debido al contexto de violencia generalizada en la que se han producido sus desapariciones”.

Por otro lado, en el colmo de la imprudencia el Tribunal Constitucional del Perú usó su cuenta Twitter para expresar su posición aquella mañana: “El Tribunal Constitucional exige a la PNP la inmediata ubicación, identificación y puesta a buen recaudo de los más de 40 desaparecidos durante las recientes protestas”.

Y advirtió solemnemente: “Asimismo, recuerda que el habeas corpus puede ser utilizado como un mecanismo para obligar a una actuación institucional conjunta hasta la ubicación de personas desaparecidas”. Así, el máximo organismo de interpretación constitucional del país aseguró que habían más de 40 desaparecidos e impulsó una ofensiva judicial a través de recursos de garantía como el Hábeas Corpus. La Presidenta del TC es Marianella Ledesma, hija del fallecido líder del Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular, Genaro Ledesma Izquieta.

En este marco institucional supuestamente serio e informado le sucedieron comentarios de artistas y personajes de la farándula limeña que cuentan con cientos o miles de seguidores en las redes sociales.

La cantante Daniela Dancourt usó su cuenta de Instagram para preguntar: “¿Ahora dónde están los desaparecidos? ¿Se los tragó la tierra?”. La actriz Wendy Ramos publicó: “Hasta que no aparezca el último desaparecido, no paramos”.

El cantante Daniel F. escribió en Facebook luego de la renuncia de Merino: “Ahora a encontrar a los que ‘desaparecieron’ durante las jornadas de ayer…averigüen entre sus contactos o donde puedan. Tienen que aparecer”. El cantautor GianMarco Zignago señaló: “Que aparezcan los desaparecidos”; lo mismo exigió el grupo Mar de Copas y el conductor de TV Rodrigo González, “Peluchín” compartió los nombres y fotos de los ‘desaparecidos’ en sus cuentas de Instagram y Twitter. Mónica Sánchez, actriz y cercana colaboradora de la exalcaldesa Susana Villarán utilizó sus redes sociales para publicar la lista de la CCNNDDHH.

La televisión, el vehículo mediático más importante del país, consumó el eco de la indignación nacional ante el accionar de una Policía Nacional al servicio de una brutal dictadura. América Televisión y el resto de canales realizaron coberturas extraordinarias durante todo el día: la noticia de los desaparecidos se convirtió en el bocado de la bestia. La ONG Coordinadora Nacional de Derechos Humanos circuló una lista de nombres que América recogió:

Y escogieron a un periodista de la casa, René Gastelumendi (también columnista del diario La República), para expresar su indignación. “No vamos a parar en nuestra labor para facilitarle a las familias de la ubicación de los estudiantes desaparecidos”, dijo. Cuestionó la información de la Policía que negaba que estuvieran detenidas: “No hay detenidos, en dónde están esas personas, esas personas que ha denunciado el Colegio de Abogados. No vamos a parar hasta que aparezcan esos estudiantes”.

De esta manera se cerraba el círculo. Una abogada de extrema izquierda y representante de una ONG denunció que había una lista de desaparecidos “en medio de la brutal represión policial” de un gobierno débil y transitorio como era el de Merino de Lama y motejado como “golpista” por haber vacado al vicepresidente Martín Vizcarra que asumió la presidencia luego de haber vacado a Pedro Pablo Kuczynski vencedor de la justa electoral 2016.

La ONG hizo circular esta relación de personas ‘que no regresaban a sus hogares’ luego de ir a las marchas contra Merino. El congresista Alberto de Belaunde del Partido Morado (quien estuvo en las filas de PPK) politizó y asumió la protesta: “La responsabilidad está en Palacio…”, arguyó refiriéndose a Merino y empujando su renuncia.

El coro se organizó a través de importantes instituciones jurídicas como el Colegio de Abogados de Lima, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables. La Defensoría del Pueblo, por su parte, envió a sus funcionarios para que realicen visitas de inspección en comisarías y sedes militares a fin de determinar la situación de los detenidos y levantar información al respecto.

Los influencer de las redes sociales, reconocidos artistas y cantantes, actores de antigua militancia izquierdista y hasta connotados deportistas como el futbolista Paolo Guerrero protestaron contra el Gobierno pero corroborando el mensaje desestabilizador: los desaparecidos.

El capitán de la selección de fútbol escribió un extenso comentario en su cuenta de Instagram: “…hoy sentimos todo este desorden político y lamentamos la pérdida de vidas humanas, personas desaparecidas y muchas personas heridas…”

Merino de Lama renunció al mediodía de aquel domingo 15 a la presidencia de la República; mientras que en el Congreso de la República el presidente encargado, Luis Valdez, anunciaba también la renuncia de la Mesa Directiva.

El operativo estaba a punto de tener un final feliz: Merino renunciaba y la candidata a sucederlo en el Congreso de la República era la izquierdista del Frente Amplio Rocío Silva Santisteban quien llevaba como vicepresidente a Francisco Sagasti del Partido Morado. Como titular del Legislativo, Silva Santisteban, debería asumir la presidencia de la república. Ella fue Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos desde el 2011 hasta el 2015.

Pero no contó con que Sagasti retiraría su firma de la candidatura y a las pocas horas la restituiría. A la hora de la elección 52 congresistas rechazaron su postulación, 25 se abstuvieron y 42 la apoyaron. Necesitaba 60 votos a favor. Sagasti gana en la elección del día siguiente, juramenta como presidente de la república y su vicepresidenta Mirtha Vásquez Chuquilin, también del Frente Amplio, asume la Presidencia del Congreso.

Tres días después, el miércoles 18 por la noche, la Defensoría del Pueblo emite un comunicado que corta las patas de la infamia: no hay desaparecidos, aunque el titular del documento es bastante eufemístico: “Defensoría del Pueblo informa que no quedan personas por ubicar a causa de las movilizaciones”.

Descubierta la mentira, nadie se disculpó ni retractó. No hubo institución que emitiera un comunicado advirtiendo la ligereza de lo afirmado. Los políticos guardaron silencio. Los medios de comunicación volvieron a la pandemia como fuente de información. El presidente Sagasti anunció, días después, una “reforma policial” que descabezó la Policía Nacional y pasó a retiro a 18 generales; dos meses después hizo lo mismo con 57 coroneles, 58 comandantes y 30 mayores.

Sin embargo, ante la renuncia obligada del ministro del Interior Rubén Vargas, Sagasti tomó juramento el 3 de diciembre al nuevo ministro Cluber Aliaga Lodtmann quien asiste a la Comisión de Justicia del Congreso de la República cinco días después y revela la verdad: “No hubo desaparecidos en las marchas de los jóvenes”.

“De las 74 personas registradas como ‘desaparecidas’ en la página web de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos durante las marchas que provocaron la renuncia a la Presidencia de la República de Manuel Merino, 73 han aparecido y solo una de ellas se mantiene en ‘condición de no ubicado’ porque sus datos no figuran en el Registro Nacional de Identificación y Estados Civil (Reniec)”, aseveró.

Esa noche la premier Violeta Bermúdez citó al ministro Aliaga a su despacho y tras una extraña reunión le pidió la renuncia. Sagasti juramentó, el día siguiente, como nuevo ministro al Secretario General de la Presidencia, José Elice.

Pocos días después, el ciudadano Miguel Tupayachi Rojas denunció ante la Comisión de Ética del Congreso de la República al congresista Alberto de Belaunde por afirmar que hubo desaparecidos durante las marchas de noviembre y afectar la imagen del Poder Legislativo. La Comisión debatió el 8 de febrero y aprobó iniciar una investigación preliminar.

De Belaunde se defendió vía Twitter e intentó pasarles la pelota a otros: “La denuncia es por exigir que se actúe frente a los reportes de personas que no aparecían tras las marchas del 14N, recopilados por la Coordinadora Nacional de DDHH y recogidos también por la Defensoría. Es decir, por cumplir con mi deber como congresista”.

 

La votación fue muy apretada, estuvieron a favor Unión Por el Perú, Acción Popular, Fuerza Popular y Frepap, cuatro votos. Tres estuvieron en contra: Somos Perú, Frente Amplio y el Partido Morado. Se abstuvo Alianza Para el Progreso.

Apoyaron al congresista de Belaunde su colega de bancada Zenaida Solís, el parlamentario Guillermo Aliaga Pajares a quien un colaborador eficaz sostiene que se reunió con el exmagistrado Walter Ríos y la congresista Rocío Silva Santisteban. Así, se cerró el círculo.

Febrero, 22, 2021

(*) El autor es un destacado periodista de investigación peruano.

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