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Sábado 18 de Septiembre de 2021

Amparo: Dios nos ampare

Ministerio Público decide cortar la racha de demandas delivery y ajustar los procedimientos.

Por: Ernesto Barreda/Artículo de opinión

De pronto, más de 16 mil alumnos de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, en todas sus sedes, se quedaron sin clases y sin padrenuestros. Dos meses antes, Martín Vizcarra había disuelto el Congreso de la República y la angustia era un sentir nacional. La Sunedu le había denegado la licenciatura.

El teléfono y el WhatsApp estallaron y la Asamblea Universitaria de Uladech se reunió de emergencia para aprobar, por unanimidad, el inicio del proceso de fusión con la Universidad Católica de Trujillo. Ambas pertenecen a la Oducal-Perú, Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, cuya misión es “Contribuir al progreso del saber y a la elaboración de un mundo más justo y más humano, a la luz de la fe cristiana y gracias al espíritu del Evangelio”. Así que, juntos como hermanos.

       

Después del pavo navideño y la Misa de Gallo, la asamblea Uladech se volvió a reunir el 17 de enero de 2020 para ratificar la fusión y aprobar el Proyecto de Absorción sin ningún voto en contra. Se trata de resguardar no solo el futuro profesional de los estudiantes sino del patrimonio de 32 locales a nivel nacional y más de 90 mil metros cuadrados de infraestructura. La banderita Uladech flamea en Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Pucallpa, Piura, Sullana, Tumbes, Huaraz, Ayacucho, Satipo, Cañete, Lima, entre otros lugares.

Tras penosos y engorrosos trámites e idas y vueltas la Cuarta Sala del Tribunal Registral emitió la Resolución 474-2020, del 12 de octubre, que señala “se acordó aprobar la fusión en virtud de la cual la UCT absorberá a título universal y en único bloque el patrimonio de la Uladech” y ordenó que la fecha de entrada en vigencia de la fusión es el 28 de febrero de 2020, justo días antes de que se inicie el aislamiento nacional por el primer caso de la pandemia del Covid-19 en el Perú: 5 de marzo.

 

Tres semanas después del registro en Sunarp, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria -Sunedu- publicó un comunicado señalando que “la Sunedu informa que debido a la fusión realizada entre la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y la Universidad Católica de Trujillo, registrada por sus autoridades ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos el 23 de octubre del 2020, la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu mediante Resolución Directoral N°004-2020-SUNEDU-DILIC procedió a dar por concluido el procedimiento de licenciamiento institucional de la Uladech”

Pero las aguas del puerto chimbotano no estaban quietas. En setiembre, los funcionarios de Uladech patrocinaron el concurso de varios alumnos para suspender judicialmente los acuerdos de la asamblea universitaria que aprobó la fusión.

Expediente 1191-2020Expediente 1192-2020Expediente 1193-2020
DemandanteFiorella Alexandra Díaz León (alumna)Eder Zebastián Alejos Torres (alumno)Disney Karina García Huanca (alumna)
Juzgado4° Juzgado Civil del Santa1° Juzgado Civil del Santa3° Juzgado Civil del Santa
MateriaImpugnación de Acuerdo de AsambleaImpugnación de Acuerdo de AsambleaImpugnación de Acuerdo de Asamblea
Inicio24/09/202024/09/202024/09/2020
EstadoArchivo por desestimiento de la demandante (14/10/2020)Sentenciado a favor de la fusión (04/11/2020)Archivo por desestimiento de la demandante

(16/11/2020)

Elaboración del cuadro: N60

El alumno Eder Alejos Torres se presentó ante el juez Ricardo Alza Vásquez como integrante del Tercio Estudiantil de la Asamblea Universitaria Uladech, entidad que no existía pues ya se había fusionado con la UCT el 28 de febrero del 2020. El juez Alza Vásquez no informó ni convocó a la Universidad Católica la demanda de Alejos Torres, la declaró fundada y ordenó la nulidad de los acuerdos impugnados mediante Resolución N°5 del expediente 01192-2020-0-JR-CI-01. Foto: SolTV

Magistrado Ricardo Alza Vásquez, investigado por el Ministerio Público.

El 22 de octubre, el Presbítero Juan Roger Rodríguez Ruiz, rector de Uladech emitió un comunicado advirtiendo que “la resolución del Tribunal Registral de Trujillo, al ser decisión administrativa, será impugnada en la vía judicial” y sostuvo que la “Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote sigue en proceso de licenciamiento”.

El (¿mal?) ejemplo cundía desde el 9 de setiembre del año anterior, cuando un estudiante de Telesup que sostuvo que estaba matriculado en Lima, presentó una acción de amparo ante el Segundo Juzgado Civil de Bagua, Amazonas, para que se suspendan las resoluciones de denegatoria de la licencia institucional de dicho centro de estudios.

El juez Alberto Cohen Vela admitió a trámite la demanda el 12 de setiembre y el 18, seis días después, Telesup solicitó ser incluida en el caso como ‘litisconsorte’. La Procuraduría de la Sunedu cuestionó la competencia del despacho judicial y rechazó el pedido de la universidad para incorporarse al caso pues no tienen filiales en esa provincia.

En 30 días, el juez Cohen Vela otorgó la medida cautelar. La Sunedu respondió con un comunicado: “El argumento de la decisión sería literalmente una suerte de vulneración o deficiencia al momento de motivar su resolución…No se ha tenido en cuenta que el pronunciamiento de la Sunedu a través de la resolución del Consejo Directivo y el informe técnico de licenciamiento tienen más de 200 páginas en donde se explica con detalle las razones del incumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad, lo mismo respecto a la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, que consta de más de 50 páginas”.

Para agosto de 2020 el Poder Judicial ya había rechazado 8 acciones de amparo presentadas por la Universidad Privada San Carlos, la Universidad Privada Sergio Bernales, la Universidad Peruana de Integración Global, la Universidad ORVAL, la Universidad Privada Leonardo Da Vinci y la Universidad Privada Telesup, que buscaban invalidar las decisiones del Consejo Directivo de la Sunedu.

La negativa sirvió de estímulo para el rector de Uladech, Presbítero Juan Rodríguez Ruiz quien publicó su comunicado el 22 de octubre en el cual advertía que “la resolución del Tribunal Registral de Trujillo, al ser decisión administrativa, será impugnada en la vía judicial” y sostuvo que la “Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote sigue en proceso de licenciamiento”

Rindió sus frutos el Día de los Inocentes, 28 de diciembre de 2020, en Santiago de Chuco con el fallo de la jueza Carmencita Torres Hilario que declaró fundada la medida cautelar de Suly Aracely Narváez Paredes mediante Resolución 02 que “ordena suspender los efectos jurídicos de la resolución 474-2020-SUNARP…y que se suspenda la eficacia legal de los asientos registrales inscritos, bajo responsabilidad administrativa, civil o penal en caso se incumpla el mandato cautelar (…)”.

La magistrada Torres Hilario tenía la condición de supernumeraria; es decir, no tenía plaza en el Poder Judicial y ocupaba su puesto de manera temporal. Aceptó la medida cautelar días antes de que culmine sus labores el 5 de enero. Otro de sus cuestionables fallos fue haber concedido una acción de amparo para evitar un desalojo en Chilca (Lima) desde su despacho de Santiago de Chuco.

Ex jueza Carmencita Torres, supernumeraria todo terreno.

Pero el ‘ruleteo’ del rector Rodríguez Ruiz sufrió varios tropezones. La jueza del Segundo Juzgado Civil de Trujillo emitió, el 13 de enero de 2021, la Resolución N°02 que declara improcedente la medida cautelar pedida por Uladech en tanto la resolución del Tribunal Registral es un acto administrativo mientras la nulidad no sea declarada por alguna autoridad judicial o administrativa superior. Anteriormente el Quinto Juzgado Civil también declaró improcedente otra medida cautelar que quedó consentida en tanto no hubo apelación.

Por su parte, el 26 de febrero de 2021 el Consejo Directivo de la Sunedu publicó la Resolución 017-2021-SUNEDU/CD que “deniega la licencia institucional a la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote para ofrecer el servicio educativo superior universitario en el territorio nacional”. El fondo del problema es que Uladech no logró demostrar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad -CBC- que exige Sunedu para otorgar la licencia.

El castillo de naipes chimbotano comenzó a derrumbarse cuando la Segunda Sala Civil de la Corte Superior del Santa, a través de la Resolución 09 del 19 de marzo de 2021, confirmó la Resolución N°01 que declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por Uladech para pedir la nulidad de la fusión. La Corte advierte, además, la estrategia del ruleteo liderada por el sacerdote Juan Roger Rodríguez de presentar demandas en diversas sedes judiciales en distintas ciudades del país.

Y en tierras trujillanas el Primer Juzgado Civil declaró improcedente la demanda interpuesta por Uladech, mediante la Resolución N°01 del 13 de abril, que pretendía declarar la nulidad de la fusión con la Universidad Católica de Trujillo.

Ante el descalabro y apoyados en la controvertida resolución de la jueza supernumeraria Carmencita Torres Hilario, personal de Uladech se apresuró en inscribir a la universidad en los Registros Públicos de Chimbote, y ante la inminente revisión de estos fallos, colocaron avisos de ‘Se Vende’ en sus locales.

Mientras tanto, el Ministerio Público decidió abrir investigación preliminar contra el juez titular del Primer Juzgado Civil de Chimbote, Ricardo Alza Vásquez, por prevaricato y solicitó a la Corte Superior de Justicia de La Libertad el expediente de la acción de amparo concedida por Carmencita Torres Hilario, Juez del Juzgado Civil de Santiago de Chuco, quien declaró fundada la suspensión de la fusión de la Universidad Los Ángeles de Chimbote -Uladech- con la Universidad Católica de Trujillo – UCT-.

La Segunda Fiscalía Superior Penal del distrito fiscal del Santa, a cargo de la fiscal Daniela Valencia Lara, dispuso que la investigación contra el magistrado Ricardo Alza Vásquez corresponde al delito “contra la administración de justicia en la modalidad de Prevaricato previsto en el artículo 418 del Código Penal”, según la Disposición 01-2020-2°FSP-SANTA-MP-FN.

Mientras, la Sexta Fiscalía Superior en lo Penal del Distrito Fiscal de La Libertad emitió la Providencia Fiscal Superior N°01, refrendada por la fiscal Celia Goicochea Ruíz, para solicitar la documentación de la Corte de Justicia de La Libertad y determinar si la magistrada Carmencita Torres Hilario cometió Prevaricato al declarar fundada la medida cautelar que suspende los efectos jurídicos de la fusión entre ambos centros de estudios de acuerdo la Resolución 474-2020-SUNARP-TR-T.

Los magistrados están advertidos y que Dios los coja confesados.

(*) El autor es Periodista de Investigación

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